El Estado tumba las cuentas de la Confederación Miño-Sil ante la falta de control de sus bienes

tumba-cuentasfarodevigo.es 30.10.2014

LAS CUENTAS DE 2013

La Intervención General se niega a avalar el balance del ejercicio de 2013 y reclama un inventario »Los auditores hallan varios incumplimientos en el cómputo de los gastos

Las cuentas de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil del pasado 2013 se quedan sin el aval de los auditores. Sin uno de los trámites fundamentales para cerrar el ejercicio y dar credibilidad a lo que sus administradores ponen sobre el papel. Y no es una auditora cualquiera. El análisis del ente encargado de la gestión de una de las cuencas más importantes del país corre a cargo de la mismísima Intervención General de la Administración del Estado, que rechaza dar una opinión favorable ante la enorme cantidad de bienes sin catalogar y reprocha además la «vulneración» de la normativa presupuestaria.

La negativa a ni siquiera emitir una consideración general sobre el balance de un año no es habitual entre las auditoras. Las revisiones, salvo casos excepcionales como éste, suelen acabar con el respaldo a los números y la incorporación de salvedades ante posibles fallos contables o incertidumbres respecto al futuro del organismo o la empresa. Aquí no llega ni a eso.

«El organismo no dispone, a fecha actual, de un inventario de los bienes del inmovilizado ni de las existencias, por lo que no ha sido posible comprobar la existencia, composición y correcta valoración de la totalidad de dichos bienes ni de su amortización acumulada», destaca la Intervención General en su informe del pasado mes de octubre y que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todos los bienes adquiridos o creados por la propia Confederación Hidrográfica para desarrollar su actividad, aquellos también susceptibles de vender, están sin clasificar. Pese al enorme peso que tienen. El inmovilizado asciende a 16,8 millones de euros. Las existencias, a más de 221,2 millones. En total, 238 millones de euros, que representan el 90,47% del conjunto de activos del ente. «Esta limitación de alcance -señala la Intervención General- resulta muy significativa».

No es la primera vez que los auditores llaman la atención sobre la desorganización de las propiedades. De hecho, todos sus informes desde la creación del ente presidido por Francisco Marín insisten en la necesidad de acabar con la situación. Los trabajos para la elaboración del inventario empezaron en 2007, pero «durante el ejercicio 2013 no se ha llevado a cabo ninguna actuación relacionada» con él. La Dirección General del Agua, según destaca la Intervención General, lleva gastados 1,098 millones de euros para el inventario tanto de la Confederación Miño-Sil como la del Cantábrico y todo sigue igual.

El problema no se queda solo ahí, en la inexistencia de una relación al detalle con los bienes de la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Al desconocer cuáles son y su estado, los auditores no pueden garantizar que las amortizaciones que hay que recoger en las cuentas para contrarrestar el deterioro de los activos durante su vida útil sean también las correctas. «A mayor abundamiento -señala el informe-, el organismo solo dota la amortización por el inmovilizado recibido en adscripción para ubicar su sede y por las inversiones realizadas sobre un bien arrendado». De ahí su rotunda conclusión: «No hemos podido obtener una evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas».

Del examen a la ejecución del presupuesto de gastos de personal, la Invervención General del Estado subraya el incumplimiento de la limitación por programas presupuestarios, el exceso de gasto en la partida para acción social y la imputación de retribuciones con cargo a cantidades reservadas para cuotas sociales. «Aunque el efecto conjunto de los incumplimiento no excede el límite de materialidad [el máximo de error permitido a efectos contables para evitar salvedades en el informe], sí se vulnera la normativa presupuestaria», indican los auditores.

El quebranto de la Ley General Presupuestaria se repite con la imputación de más de 802.000 euros como inversiones, pese a que deberían apuntarse en la partida de gasto de bienes corrientes y servicios. La cantidad viene de aplicaciones informáticas, infraestructuras en curso y otro inmovilizado intangible. «Una vez analizados, se comprobó que tenían naturaleza de gastos del ejercicio y no de activos», explican los auditores. Las revisiones entre 2009 y 2012 ya detectaron una «similar circunstancia», por lo que la Intervención General instó a la Confederación Hidrográfica a hacer ajustes por valor de 3,433 millones de euros, «que no se han realizado».

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil se metió de lleno en el huracán de la operación Pokemon por su anterior presidente, Francisco Fernández Liñares, considerado uno de los presuntos cabecillas de la supuesta red de corrupción alrededor del grupo empresarial Vendex. A 31 de diciembre de 2013, el organismo contaba con 169 trabajadores. El ejercicio acabó con un resultado de 105,2 millones de euros más de gastos que ingresos. En 2012 el desahorro fue de 277,9 millones. La reducción se debió a la cesión, con convenios de gestión y explotación, de infraestructuras de abastecimiento al concello de O Incio (Lugo) y de aguas, depuración y vertidos en Ferrol para Augas de Galicia.

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