Abren causa judicial al presidente de la Hidrográfica por la Fábrica da Luz

lavozdegalicia.es 28/01/2017

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño y el Sil (CHMS), Francisco Marín Muñoz, va a ser investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por el juzgado de instrucción Número dos de Ourense. El pasado miércoles este juzgado admitió a trámite una querella presentada por la empresa Inca en la que relata una serie de supuestas irregularidades de la confederación durante el proceso de rehabilitación de la Fábrica da Luz. El magistrado dice en el auto que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación», concluye el juez.

Además del presidente, la querella también se dirige contra otros dos alto cargos de la Confederación, Xoán Novoa Rodríguez e Iván Quintana Martínez. Las diligencias se instruirán en los juzgados de Ourense por ser allí donde se encuentra la sede de la confederación hidrográfica y donde se produjeron las decisiones supuestamente ilegales constitutivas de prevaricación.

La empresa Inca comenzó las obras de rehabilitación de la Fábrica da Luz en noviembre del año 2015, y a mediados de diciembre fueron paralizadas por la confederación a petición de una docena de personas de los colectivos Lugo cara ao Miño y Adega, que previamente se presentaron en la obra con una pancarta.

A partir de esa paralización, la empresa denunció que se produjeron por parte de la confederación «una serie de supuestas infracciones procedimentales y arbitrarias contrarias a los criterios que deben regir en la administración pública, con la innegable intención de impedir la ejecución de las obras», dice la empresa. Explica en la demanda que la obra contaba con la declaración de impacto ambiental y con todos los permisos, incluidos los de la confederación, Ministerio de Medio Ambiente, Xunta y Concello de Lugo, y sin embargo, varios de esos permisos fueron puestos en duda por la hidrográfica y se le solicitó a la empresa que volviese a presentar proyectos para volver a autorizarlos por partes.

Inca asegura que «este comportamiento mostrado por la confederación y sus funcionarios estuvo dirigido a obstaculizar la realización de la obra con el único objeto de agotar la época de estiaje y obligar con ello a la paralización de la obra por imposibilidad material de su continuación», dice la empresa Inca, que acusa incluso a la hidrográfica de emitir en este caso «resoluciones manifiestamente discordantes con el ordenamiento jurídico».

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